ENTREVISTA
Dª María García Rodríguez, Secretaria de Estado de Medio Ambiente
¿Cómo va a afrontar España el proceso de adaptación a un modelo de Economía Circular?
La Economía Circular es la apuesta que hace la Comisión Europea para que la Unión en su conjunto avance hacia un modelo de crecimiento económico más sostenible y eficiente, respetuoso con los recursos disponibles y que, a la vez, genere empleo. Por ello, a nivel comunitario se están desarrollando múltiples y variadas actuaciones en diferentes campos, como los residuos, los fertilizantes o el agua.
El Gobierno considera que, además de estas iniciativas comunitarias, también es importante que los Estados Miembro dispongan de instrumentos que les permitan avanzar internamente hacia un nuevo modelo económico. Por este motivo, España está elaborando una Estrategia Española de Economía Circular, en la que están participando otros departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, los principales sectores empresariales y los agentes sociales.
Su objetivo principal es ir más allá de la mera gestión de residuos y promover la puesta en marcha de medidas en las primeras fases de los ciclos productivos y en la etapa de consumo, para prolongar la vida útil de los materiales y de la energía que se consumen en la elaboración de productos; es decir, para ser más eficientes.
¿En qué medida pueden contribuir los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor a este cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible?
Los productores juegan un papel esencial en el avance hacia la Economía Circular. Buena parte de sus decisiones sobre aquello que ponen en el mercado es clave en su comportamiento durante su vida útil y una vez que se convierten en residuo.
Por ello, deben diferenciarse de forma positiva aquellos productos que, cumpliendo con sus especificaciones y funcionalidades, tienen un mejor ecodiseño, no sólo desde un punto de vista energético sino también material; es decir, tienen una vida útil más larga, son actualizables, reparables o reciclables, etc.
Esta diferenciación debe hacerse muy especialmente en aquellos casos en los que los productores cumplen de forma colectiva sus obligaciones de responsabilidad financiera y de organización de la gestión de los residuos que generan sus productos, ya que ayudan a que los esfuerzos por avanzar hacia un modelo más circular no se diluya en aquellos productos que tienen un comportamiento lineal y de los cuales no se puede recuperar prácticamente nada.
Desde nuestro punto de vista, las organizaciones que gestionan los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada deben velar por que efectivamente se “premie” al productor que mejor lo hace y porque los fondos que se recaudan de ellos se destinen a gestionar sus residuos de la mejor manera posible, y siempre avanzando para conseguir una mayor transparencia.
SIGRE es un sistema de logística inversa que permite garantizar el correcto tratamiento de los residuos de medicamentos y sus envases que se generan en los hogares. Tras 16 de funcionamiento, ¿cómo valora la gestión de estos residuos en nuestro país?
SIGRE, desde su constitución en 2001 como Sistema Integrado de Gestión de residuos de envases de productos farmacéuticos, ha realizado un notable esfuerzo para contribuir al cumplimiento de los objetivos de reciclado de envases y a una gestión adecuada de los restos de medicamentos. Un esfuerzo especialmente difícil por las características de los envases y los productos que contienen.
Con este fin, ha realizado campañas de sensibilización destinadas a que los ciudadanos separen los residuos de medicamentos y sus envases del resto de residuos en los hogares y los depositen en el punto de recogida de farmacias más próximo a su domicilio.
La experiencia acumulada durante estos años debe permitir que SIGRE dé un paso más y se convierta en un actor clave en el nuevo modelo de la Economía Circular en el sector de los medicamentos y productos farmacéuticos. Por ello, animo a SIGRE a que refuerce la recogida separada de estos residuos para su correcta gestión, ya que ello supone una mayor garantía de protección de la salud humana y del medio ambiente.
